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Fraude en Educación
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por Carlos Pérez Olmo


Corrupción gubernamental: Costo añadido a la operación del aparato público

El sistema puede cambiar...y tiene que hacerlo.

En el proceso normal, el que permite operar adecuadamente a las empresas en el sector privado, se requiere depositar confianza en los empleados para contratar, comprar, pagar y en fin manejar los recursos financieros. Para ello, se establece lo que se conoce como Procedimientos Estándar de Operación, (S.O.P., en inglés). Para el diseño de éstos se utiliza una base simple, que delinea autoridad, responsabilidad y procesos. De este modo, billones de dólares cambian de mano diariamente en una forma controlada en el sector privado.

El sector público confronta graves problemas en el manejo de sus finanzas o recursos económicos que se manifiesta en el de desvío de fondos (fraude) que se estima le cuestan al erario alrededor de un diez porciento de su presupuesto annual. (Nota: Eso equivale a más de $1 billón al año en Puerto Rico.) Como persona que ha estado expuesto tanto el manejo de las finanzas privadas como a las públicas por más de 30 años, deseo exponer mi opinión sobre el asunto que se plantea al presente y que preocupa a la mayor parte de la población y que es el tema del momento: la corrupción gubernamental.

Yo considero que la efectividad de manejo de fondos en el sector privado se debe a que los procedimientos utilizados tienen una base simple y presumen honestidad en el empleado mientras que los procedimientos gubernamentales tienen una base compleja y presumen la deshonestidad del empleado. Por ende, son extremadamente burocráticos y hasta incomprensibles. Por ejemplo en la empresa privada se le da libertad de acción a los ejecutivos en el manejo de fondos, se establecen parámetros de autoridad y mecanismos de control interno. Procesos que permiten libertad de acción con mecanismos de control interno efectivo conllevan a que cuando una persona sobrepasa los límites de su autoridad, el sistema provee mecanismos eficientes para detectar la violación en forma rápida y efectiva y se toman medidas correctivas rapidamente.

Por otro lado el sistema de control del gobierno establece procedimientos tan complejos que demandan la intervención de tantas personas que terminan dando la impresión de ser impenetrables. Esto permite que los conocedores del sistema lo utilicen para su propio beneficio. Cada persona que interviene en el proceso ultra-burocrático está pendiente sólo a salvar su limitada responsabilidad y con ésta forma de pensar, facilita involuntariamente la acción corrupta en el total del proceso. Este énfasis oscurece el hecho de que la verdadera función de la persona, como custodio de fondos públicos, es evaluar la esencia de la transacción completa. Y aún cuando tenga reservas en cuanto a la pureza del acto, la excesivia burocracia actual lo coloca en una posición en que no tiene autoridad para tomar acción correctiva.

La corrupción que fue parte de la crisis bancaria de la década de 1970 y que se extendió hasta fines de los 80 tuvo como resultado medidas tomadas por las agencias pertinentes que incluyeron recapitalizar el fondo del seguro de garantía de depósitos (FDIC). La legislación que dio forma al sistema bancario presente debe servir de modelo para atacar el problema que confrontamos. Esto se resume en lo siguiente: Reglamentación estricta en su letra y aplicación, más flexibilidad operacional y menos burocracia.

Las operaciones en el manejo de fondos públicos en Puerto Rico al presente están tan excesivamente reglamentadas que limita también al gerente de fianzas de las empresas privadas así como oficiales de operaciones en su facultad para impedir que los jefes de agencias se beneficien personalmente. El objetivo de la estructura organizacional de las agencias de gobierno debe ser el evitar el uso indebido de fondos públicos y no únicamente el detectar malos manejos después de que estos ocurren... Cuando el individuo está conciente de que su acción deshonesta será detectada inmediatamente, como en la empresa privada, no incurre en la falta. No se puede poner la necesidad y la oportunidad juntas, porque de esa manera, el sistema está promoviendo la oportunidad del acto delictivo.


Carlos Pérez Olmo es Director de Finanzas de SP Funding Partners y profesor en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. | cpo@spfundingpartners.com

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